Sorgo amargo

Hallaron rastros de atrazina en Laguna del Cisne; Comuna Canaria dispuso medidas cautelares.

Laguna del Cisne, en Canelones. / Foto: Sandro Pereyra (archivo, agosto de 2014)

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El miércoles en el Municipio de Salinas se realizó la sesión inaugural de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, un ámbito previsto en la Ley del Agua (Nº 18.610) que a su vez fue resultado de la reforma constitucional aprobada en 2004 mediante consulta popular, y que declaró que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales que el Estado debe garantizar. Se trata de espacios que vienen instaurándose desde 2012 en torno a distintos cursos hídricos en todo el país, y que apuntan a la gestión colectiva del recurso.

Los vecinos de Salinas y de la Costa de Oro en general, desde Marindia a Bello Horizonte, se abastecen de agua potable principalmente gracias a esa laguna, donde OSE tiene una toma y realiza la purificación para verterla a la red. La llegada de la soja y las fumigaciones masivas con plaguicidas en los últimos años, junto a otra serie de fenómenos productivos en su área de influencia y en sus subsistemas, habían encendido la alarma social, que ya estaba prendida en varios organismos públicos y organizaciones sociales que defienden la preservación del ambiente.

El miércoles asistieron más de 30 personas en representación de los tres sectores que están habilitados a formar parte de las comisiones de cuenca: gobierno, usuarios y sociedad civil. La de Laguna del Cisne había sido solicitada por la Intendencia de Canelones en julio de 2013, tal como lo recordó Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la Comuna Canaria, el primero en exponer luego de que el titular de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), Daniel González, explicara el marco legal de la comisión, sus potestades y funcionamiento.

La agenda incluía la presentación del estado de situación de la laguna, que estuvo a cargo de los delegados de la propia Dinagua, OSE, el Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República, la dirección de Recursos Naturales Renovables (Renare) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la propia intendencia.

El referente del ente especializado remarcó el valor estratégico que tiene ese curso para el organismo, en virtud de las 25.000 conexiones que abastece, y reconoció el proceso de degradación que ha sufrido en las últimas décadas hasta llegar al estado actual de eutrofización (acumulación de nutrientes, fósforo y nitrógeno, fundamentalmente), que favorece la aparición de cianobacterias, riesgosas para la salud humana.

El funcionario aseguró que se han hecho inversiones para limpiar la laguna y se han ampliado los mecanismos de potabilización, sumando por ejemplo filtros de carbón, todo lo cual permite seguir garantizando la calidad del agua, aunque a un costo cada vez mayor. También dio a conocer algunos resultados de los exámenes que realiza el ente, constatándose a fines de 2013 rastros de trazas de atrazina, un agroquímico que se utiliza para cultivar el sorgo, el cual se destina a los tambos. La atrazina de alta persistencia también había sido el producto hallado en el Santa Lucía el año pasado, y si bien los valores hallados estaban por debajo del mínimo permitido, el episodio causó preocupación y aceleró la búsqueda de una toma de agua alternativa, que estaría ubicada en la zona de San Luis.

El vocero del CURE Guillermo Goyenola coincidió con el panorama brindado desde OSE. Agregó que desde el punto de vista técnico el cauce experimenta un estado de “hipereutrofización” e hizo énfasis en la importancia de regular y hacer un manejo y uso sustentable del recurso. Sostuvo que si bien el auge de la soja en el lugar no es causante del mal estado de la laguna, potencia la erosión y el desgaste del suelo, lo que facilita el arrastre de los nutrientes hacia su cauce.

En este sentido, el director de Desarrollo Productivo canario, Daniel Garín, comunicó la reciente decisión de su administración de disponer una serie de medidas cautelares en las cuencas hídricas del departamento que contribuyan a frenar el deterioro y elaborar planes para revertirlo. Desde el 25 de setiembre está prohibido el laboreo, la siembra y las fumigaciones a menos de “100 metros del álveo de los lagos Canelón Grande, Laguna del Cisne y el canal adyacente a la Laguna del Cisne”; a “40 metros del borde de máxima crecida del Río Santa Lucía (costa canaria)”; a “20 metros del Arroyo Sarandí y el Arroyo Vejigas y afluentes, aguas arriba del cruce con la Ruta 7”. Las medidas tienen una vigencia de 36 meses, y según adelantó Garín, serán la base de una normativa definitiva que se elaborará durante este período en el marco de la Comisión de Cuencas Hídricas en Canelones, creada por el mismo decreto que dio marco a las medidas cautelares.

Federico Gyurkovits