OCUPANTES DICEN QUE AUTORIDADES DE LA INTENDENCIA
ESTIMULAN LA PRÁCTICA
Aplicando
los cambios al delito de usurpación de 2007 el juez de Atlántida, Marcos
Seijas, ordenó abandonar terrenos ocupados. Investigará si autoridades de la
Intendencia de Canelones incentivan ocupaciones.
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| Extractado de: |
Por EDUARDO
DELGADO
El alcalde
de Salinas, Salvador Bernal, está aliviado por la llegada del magistrado
Seijas.
"Este juez, a diferencia de la magistrada anterior, aplica la ley de usurpación y si un vecino denuncia una ocupación interviene y ordena desalojar. Esto reduce la cantidad de ocupaciones y hace dudar a quienes piensan ocupar terrenos ilegalmente", dijo Bernal a El País.
Desde el mes de febrero pasado Seijas está a cargo del juzgado penal de Atlántida y
tramita todas las denuncias de usurpación que se presentan.
Hasta el momento no procesó a nadie por ese delito ni ordenó ningún lanzamiento, pero sí intimó a abandonar terrenos ocupados
ilegalmente y hasta el momento en todos los casos eso se cumplió.
"Por un lado está el problema de la ocupación de
fincas o terrenos, pero por otro lado está el tema de la legitimación del
tenedor del terreno, que muchas veces son sesiones de derecho sucesorio que
requieren un estudio más minucioso", dijo el juez a El País.
Afirmó que si bien "no dispuse lanzamientos
compulsivos", sí pasó que en audiencias donde está la defensa de los
denunciados y la Fiscalía "se da un plazo de tolerancia para que salgan
por sus propios medios y voluntad del terreno y cuando la Policía concurre a
controlar ya lo hicieron".
Agregó que los denunciantes en general están de
acuerdo con que se acuerde un plazo y remarcó que "todos los casos se
tramitan y se cita a audiencia".
Pero el magistrado agregó otro elemento: relató que
algunos de los ocupantes denunciaron que autoridades de la Intendencia de
Canelones incentivan la ocupación de predios.
"Y ese tema lo voy a encarar también, lo voy a
investigar. Se denuncia a autoridades locales y personal que trabaja en la sede
de la Intendencia en (la ciudad de) Canelones", expresó Seijas.
El juez dijo que al llegar a este destino sabía que la
ocupación de terrenos "era uno de los temas con que me iba a enfrentar,
sobre todo en Neptunia", y que habló con su antecesora para ponerse al
tanto de la situación. Indicó que el lanzamiento en 24 horas del ocupante
ilegal de un terreno es consecuencia del procesamiento de esa persona por
usurpación. "Uno tiene que ser flexible, porque si la ocupación deviene de
un año o más entramos a la esfera de la Justicia Civil en lo referido a la
propiedad", explicó.
Miedo.
El alcalde Bernal dijo que "ahora, si un vecino
denuncia, el juez Seijas actúa y se desocupa". Señaló que algunos vecinos
"tienen miedo a denunciar" por posibles represalias de "personas
de malvivir" que ocuparon predios, por lo que a veces lo llaman y él mismo
presenta la denuncia.
"Se reconoce la ley de usurpación que está desde
2007, se aplica y se frenó el fenómeno de las ocupaciones. Era un descontrol y
ya no sabíamos qué hacer", comentó.
Según Bernal, hubo "personas que eran laburantes
y ocupaban, pero vino gente que ocupaba seis o siete terrenos y muchos los
venden luego por Internet sin papel alguno o con papeles sin valor". Acotó
que incluso hubo comerciantes que cercaron ilegalmente varios terrenos sobre la
Interbalnearia.
La mayoría de las tierras pertenecen a Neptunia SA,
sociedad que no paga tributos a la comuna canaria desde muchos años atrás.
Bernal dijo que se pidió a la Intendencia que expropie los terrenos y que los
entregue al Ministerio de Vivienda para que hiciera un plan de vivienda
destinado "a gente de trabajo" que pague "en un plazo
largo" y así "los vecinos estaríamos contentos sabiendo que es gente
de laburo".
"Pero vino gente que delinque y se notó el
aumento de los delitos", acotó.
Relevamientos.
Personal de la Policía Comunitaria realiza
relevamientos de las personas que ocupan terrenos en balnearios de la Costa de
Oro.
A quienes están en esos terrenos, los policías les
informan que están en predios privados y que si colocan materiales deberán
abandonarlos si son desalojados por orden judicial.
En las recorridas, los agentes encontraron algunas
parcelas de terreno solo cercadas y otras con viviendas precarias ya
construidas. Anotan los nombres e identidad de los ocupantes y esa información
es luego trasladada a la Justicia.
La información relevada en Neptunia fue cotejada y dio
cuenta que ninguno de los ocupantes de zonas de ese balneario tiene
antecedentes penales.
La Policía considera que estos relevamientos
desalientan la instalación de delincuentes en la zona. Las ocupaciones de
terrenos en Neptunia tuvieron un incremento importante en el año 2013, dijeron
vecinos de ese balneario.
Cárcel De tres meses a tres años
La ley 18.116, aprobada en el mes de abril del año
2007, sustituye el artículo 354 del Código Penal y establece que el delito de
"usurpación" es perseguible de oficio o a instancia de parte,
"en cuyo caso la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona y en
cualquier momento", y no solamente por el presunto propietario del terreno
ocupado.
La norma considera un agravante "que la
usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias, delimitadas por
los respectivos Gobiernos Departamentales".
Este delito es castigado con tres meses de prisión a
tres años de penitenciaría.
La usurpación es aplicada al que, "con fines de
apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare en forma arbitraria,
parcial o totalmente el inmueble ajeno". También al que "con fines de
apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o altera los mojones que
determinan los límites de un inmueble", y al que "con fines de
apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el curso de las aguas
públicas o privadas".
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